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DAÑOS Y PERJUICIOS. RELACIÓN DE VECINDAD. RUIDOS MOLESTOS. RECHAZO DE LA ACCIÓN. PRUEBA INSUFICIENTE PDF Imprimir Correo electrónico
Jurisprudencia - Neuquén
Escrito por Patagonialegal.com   
Miércoles 30 de Marzo de 2011 11:38

Categoría: DAÑOS Y PERJUICIOS

Fecha:  05/02/2008

Nro de Fallo:04/08  

Tribunal:  Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial, Sala I

Protocolo: 04 - Tº I - Fº 18 / 23

Tipo Resolución: Sentencias

Carátula: "VENTURA CARLOS ALBERTO C/ CHOCOBAR RAFAEL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"

Nro. Expte: 302473 - Año 2003

Mag.: Dr. Lorenzo W. Garcia, Dr. Enrique Videla Sanchez

 

Voces: Relaciones de vecindad.

 

Sumario:

 

DAÑOS Y PERJUICIOS. RELACIÓN DE VECINDAD. RUIDOS MOLESTOS. RECHAZO DE LA ACCIÓN. PRUEBA INSUFICIENTE. Art. 2.618 del Código Civil. Falta de acreditación de violación a estándares de convivencia " [...] el conflicto suscitado entre las partes [...] carece de entidad suficiente como para acceder al resarcimiento del daño moral por aplicación del art.2618 (t.o.ley 17711) del código civil, por referirse a hechos que no exceden la exigencia de la “normal tolerancia” propias de la vecindad en áreas urbanas” y el respeto debido al uso de la propiedad y las exigencias de la producción”, [...] "

 

FALLO COMPLETO

 

NEUQUEN, 5 de febrero de 2008.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: “VENTURA CARLOS ALBERTO C/ CHOCOBAR RAFAEL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (EXP Nº 302473/3) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 4 a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Enrique Raúl VIDELA SANCHEZ con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO DE GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr.Lorenzo W. GARCIA dijo:

I.- Contra la sentencia de fs.470/478 que rechazó demanda y reconvención, apela el actor a tenor de los agravios vertidos a fs.499/500, cuyo traslado no fue contestado por la parte contraria.

Controvierte el recurrente los argumentos de la a quo, en cuanto tiene por acreditado que la actividad del demandado requiere de un espacio considerable para el depósito de materiales y que es dable presumir que tales trabajos puede provocar ruidos molestos; no tiene en cuenta que el demandado ha reconocido haber producido ruidos molestos en su propiedad; no objetó que el barrio tenía categoría de residencial, pese a lo cual admitió que ejercía el oficio de talabartería, tapicería, construcción y reparación de muebles -produciendo ruidos de distintos decibeles-, además de los continuos asedios producidos por menores -en especial, por el hijo del demandado- en horas de descanso.

Sostiene que tales ruidos molestos excedían el marco de la tolerancia civilizada, mereciendo una condena ejemplar, suficiente para impedir la repetición de tales conductas antijurídicas.

Como segundo agravio sostiene haber demostrado su peregrinar por las dependencias oficiales buscando poner fin a la situación generada por el demandado, tanto al aire libre -durante el día- como durante el período de descanso, en el interior de la vivienda.

Que intentó negociar infructuosamente con los accionados.

En el tercer agravio destaca que el co-demandado Héctor Manuel Chocobar no contestó la demanda, lo que motivó el acuse de rebeldía, pese a negar simplemente su permanente domicilio real al presentarse al juicio con posterioridad.

A modo de síntesis, se remite a los alegatos y a las coincidencias de las declaraciones aportadas por ambas partes, en cuanto prueban los graves hechos denunciados y los trastornos psíquicos soportados por el actor y su esposa, por lo que solicita se acoja la demanda en todas sus partes.

II.- Entrando a considerar los escuetos agravios del actor a la luz de las probanzas incorporadas a estos autos por ambas partes, adelanto mi opinión favorable a la confirmación de la sentencia recurrida, basada -a su vez- en un pormenorizado análisis de dichas pruebas, según los parámetros fijados por el art.2618 del código civil.

Como bien concluye la a quo, el pleito entre vecinos de que se trata deriva de una manifiesta animadversión personal entre ambas partes, del incumplimiento que se atribuye al actor de la prestación recíproca de servicios propios de sus respectivas profesiones –tapicero y herrero-, que generó una escalada de denuncias recíprocas con intervención de organismos públicos, que fracasaron en los intentos conciliatorios.

Con miras a encuadrar los hechos denunciados en el marco del art.2618 y ctes.del cód.civ., es dable coincidir con la a quo en el detallado análisis de la prueba producida, del que no se desprende que ninguna de las partes involucradas hubiese incurrido en las conductas tipificadas en la norma en cuestión, ocasionando molestias excesivas de la normal tolerancia que se deben los vecinos en asentamientos urbanos.

Basta al efecto con examinar las denuncias radicadas por la actora en diversos ámbitos (policía, Defensorìa del Pueblo, etc.), tales como el ejercicio de la profesión de tapicero (que ya habría cesado al momento de iniciarse el pleito), construcción de una obra, estacionamiento de vehículos frente a la puerta de la vivienda, juego de niños, acopio de materiales de desecho sobre el techo común, etc.), para concluir en que tales hechos no excederían el parámetro de “normal tolerancia” a que alude la norma citada.

En tal sentido, bien ha dicho la jurisprudencia que:

“No cualquier ruido resulta susceptible de desencadenar la aplicación del art. 2618, Código civil, sino que debe tratarse de aquellos que excedan la normal tolerancia. Ello así en tanto por debajo de ese límite -en aras de la convivencia pacífica y como precio, a veces duro, que debe tributarse como inherente a la civilización moderna- el propietario debe soportar una serie de incomodidades derivadas de los inmuebles vecinos, siendo esta una restricción al derecho de propiedad establecida, precisamente y de modo principal, "en interés recíproco de los vecinos". Sólo cuando las molestias rebasan la "normal tolerancia" -apreciada esta con un criterio objetivo de prudente razonabilidad (conf. C.N.Civ., Sala D, 17.3.89; L.L.-1990-D-145; sala h, 16.11.95, L.L.-1996-C-718; SCBA.; 21.8.79, DJBA-117-226; Cam.Civ. y Com. Paraná, sala 1, E.D., 96-215; Andorno, l., Las molestias de vecindad (art. 2618, Código Civil). La responsabilidad por daño ambiental, J.A., Supl. Diario del 22.12.99; Obra en colaboración dirigida por Bueres, A. y coordinada por Highton, E., "Código civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Buenos Aires 1997; t. 5, P. 482)- Cesa la obligación de padecerlas y el correlativo derecho del vecino de producirlas, derecho que sufre así una restricción, independientemente de toda idea de culpa de su parte (conf. CNCiv., Sala H, 16.11.95, L.L., 1996-C-718; Spota, A.G., La responsabilidad objetiva en el derecho de vecindad, L.L.; 39.166; Adrogue, M., Las molestias entre vecinos en la reforma del Código Civil, L.L., 145-135; Andorno, L., La normal tolerancia en las relaciones de vecindad: su caracter objetivo; L.L., 1990-D-144; Mariani de Vidal, M., Curso de derechos reales, Buenos Aires, 1999, vol. 2, P. 23; Etc.). PAEZ DE TEZANOS PINTO JULIO Y OTROS C/EDENOR S.A. S/DAÑOS Y PERJUICIOS. CAUSA N° 54.124/95.- Magistrados: MARIANI DE VIDAL - VOCOS CONESA - 30/03/2000.

“El art. 2618, Código civil dispone que si las inmisiones inmateriales (como es el caso de los ruidos) exceden la normal tolerancia "...Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la indemnización de los daños o la cesación de tales molestias. En la aplicación de esta disposición el juez debe contemporizar las exigencias de la producción y el respeto debido al uso regular de la propiedad; asimismo tendrá en cuenta la prioridad en el uso...". Antes de la sanción de la ley 17.711 se sostenía en general que la única solución que podían dar los jueces a problemas como el del sub lite era condenar a indemnizar los perjuicios materiales (v.gr. roturas, grietas, humedades, etc.) y la disminución del valor locativo o venal derivado al inmueble de las molestias, pero de ninguna manera era posible ordenar la clausura del establecimiento productor de ellas, porque la supresión o el cambio del estado de cosas causante del daño debía ser dispuesta por la municipalidad (conf., CNCiv., Sala B, causa "Pegullo c/Sesin e hijos", del 30.6.60, L.L., 100.84). Actualmente, el art. 2618 es categórico en el sentido de que "los jueces pueden disponer...la cesación de tales molestias" pero ¿puede el juez ordenar la cesación de las molestias y la indemnización de los daños, o debe optar entre una u otra solución?. A pesar de la conjunción disyuntiva que emplea este parágrafo de la norma, si se hubieran producido daños como consecuencias de las inmisiones, ellos deben ser indemnizados con arreglo a los principios comunes (conf., esta sala, causa 6504/93 del 12.4.94 y sus citas; CNCiv., Sala C, 12.9.96, L.L.-1997-D-293; sala H, 16-11-95, L.L.-1996-C-718; SCBA., 21.8.79, DJBA-117-226; Cam.Civ. y Com. Paraná, sala 1, E.D.-96-215, Andorno, L., Las molestias de vecindad (art. 2618, Código civil), "La responsabilidad por daño ambiental", J.A., Supl. Diario del 22.12.99; Papaño, R. - Dillon, G. - Kiper, C. - Causse, J. Derechos reales, Buenos Aires, 1989, t. 1, P. 248; Cipriano, N.A., Ruidos molestos. Daño. Medidas de solución (acotación gramatical al art. 2618 del Código civil), L.L.-1996-C-718; Mariani de Vidal, M. Curso de derechos reales, Bs.As., 1999, Vol. 2, P. 25; Etc.). Autos: PAEZ DE TEZANOS PINTO JULIO Y OTROS C/EDENOR S.A. S/DAÑOS Y PERJUICIOS. CAUSA N° 54.124/95.- Magistrados: MARIANI DE VIDAL - VOCOS CONESA - 30/03/2000.

“Establecer cuándo los ruidos rebasan la normal tolerancia del vecino es una cuestión de hecho librada a la apreciación judicial en cada caso concreto.-Cc02 Se 10158 S 06/05/1994. Juez: Brunello De Zurita (ma) Groso, Ricardo C/Raul Gallegos S/Cesación de Ruidos Molestos. Mag. Votantes: Azucena B. de Zurita-Elena P. de Sanchez-Rosa Maria Contato.

Revisando las testimoniales rendidas, se advierte que la prestada por la ex inquilina del demandado –G. N. A., fs.257- poco aporta a la acreditación de los hechos en disputa, salvo en cuanto a que se hizo una construcción en el fondo del predio para habitación de la hija del demandado.

L. B. C. –fs.264- da cuenta del nivel de conflictividad que mantenía el actor con los niños del barrio, incluyendo al de la testigo, y de que las obras que se llevaron a cabo en el predio de Chocobar se realizaban en horario diurno, conceptos reiterados y ampliados por el testigo D. L. a fs.272/273 y M. R. a fs.280.

El tenor de las exposiciones policiales tampoco permite apartarnos de la conclusión preliminarmente expuesta.

A fs.1 denuncia “ruidos molestos” provocados por el vecino a las 19,30 hs. del 11/9/03; en el acta de exposición nº 223 de 31/7/03 precisa las quejas que lo animan respecto del vecino: necesidad de limpiar los techos, estacionamiento de vehículos frente a su casa, evitar depósito de materiales volátiles en la calle, desmantelamiento de la tapicería, que los niños que habitan el domicilio no jueguen en la calle, llevar a cabo las obras de remodelación o construcción fuera del horario de descanso, no sacudir elementos de los que pueda emanar polvo.

A fs.6/9 obran presentaciones ante la Municipalidad, requiriendo inspección del inmueble del demandado, generando la constatación de que da cuenta el informe de fs.18.

En diciembre de 2003 Rafael Chocobar expuso ante la autoridad policial que dejó de ejercer el oficio de tapicero en el inmueble de calle Del Pin, habiendo trasladado el taller a un local alquilado al efecto, en abril del mismo año (fs.52).

A fs.73/77 obran denuncias del actor por ante un juzgado de instrucción, referidas a ruidos molestos provocados por obras de construcción llevadas a cabo por Chocobar en febrero de 2004, culminando con la declaración de incompetencia del referido tribunal (fs.78).

De tales elementos de juicio, así como de los demás datos aportados a la causa que fueron adecuadamente evaluados por la a quo, se llega a coincidir con la conclusión de que el conflicto suscitado entre las partes sobre la base de una transacción patrimonial que se sostiene incumplida por el actor, carece de entidad suficiente como para acceder al resarcimiento del daño moral por aplicación del art.2618 (t.o.ley 17711) del código civil, por referirse a hechos que no exceden la exigencia de la “normal tolerancia” propias de la vecindad en áreas urbanas” y el respeto debido al uso de la propiedad y las exigencias de la producción”, todo ello sin perjuicio de instar a las partes a evitar en el futuro circunstancias que pudieran agravar la conflictividad ya existente.

Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo que se rechace la apelación del actor y se confirme la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios, con costas en la Alzada al recurrente vencido (art.68 cód.proc.), a cuyo efecto se regularán los honorarios de Alzada con ajuste al art.15 LA.-

Tal mi voto.

El Dr. Enrique VIDELA SANCHEZ dijo:

He tenido oportunidad de señalar en “COLOMBO ESTELA OLGA CONTRA ROMAY ESTELA SUSANA S/DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. Nº 239826-CA-0) y, anteriormente, en primera instancia, en "Muñoz Urrea, Luís Humberto c/Portela, Juan Carlos s/Cese de molestias" (exp. N° 134228), entre otros, algunos razonamientos referidos a las relaciones de vecindad que en parte transcribo:

Los tiempos que corren muestran infinidad de casos conflictivos generados dentro de las relaciones vecinales. Lo muestra la experiencia cotidiana y hasta devienen recurrentemente en noticias periodísticas.

La explicación a ello puede encontrarse en que las situaciones de violencia, soterradas o evidentes, suelen ocurrir en las relaciones más o menos estables, la vecindad, una de ellas. Por su misma cercanía y persistencia, cualquier roce las origina, realimentándose, royendo a esa misma vinculación, hasta que se produce el estallido, pero sin que esto último implique la terminación del conflicto, encontrándose sus protagonistas en condiciones de continuarlo, pero ahora a un grado de mayor rispidez e incluso violencia.

Esa particularidad, hoy cada vez más acrecentada, supone que cuando generan un requerimiento al órgano jurisdiccional, deba ser atendida esa complejidad, como único medio de aproximación al desideratum del proceso: paz con justicia.

El congestionamiento habitacional, que no atiende las conclusiones arribadas en el ámbito mundial sobre la superficie necesaria por habitante mínima de vivienda, cubierta y no cubierta, genera condiciones propicias para que la normal interferencia intersubjetiva se convierta en un entorpecimiento constante de las actividades de los vecinos.

Cotidianamente se experimenta una mayor anomia en las distintas relaciones de convivencia, justamente cuando la creciente complejidad de las mismas requiere una más estricta sujeción a las normas. No son éstas exclusivamente las que emanan de los órganos estatales legisferantes sino, más extensamente, del plexo de pautas que intentan regular el interactuar ciudadano; es informar las conductas de un sentido ético, en el significado lato del término (del griego ethos: costumbre).

Es en esa compleja situación fáctica, donde debe examinarse la actitud de la accionada, quien debía extremar las medidas a adoptar para que la convivencia con la actora -vecina lindera a donde se desarrollaron los trabajos- se desenvuelva dentro de los carriles de armonía posible.

Ahora bien, lo cierto es que en el caso la concreta actividad probatoria emprendida por las partes (aquí interesa sólo la de la actora, por ser la apelante), es notoriamente insuficiente. El actor demuestra las múltiples oportunidades en que denunció los hechos -que afirma son responsabilidad de los accionados- ante organismos municipales y policiales, pero omite acreditar la real existencia de tales hechos. El único testigo por su parte, que depone, D. A. L. (fs 272/3), hasta menciona que los trabajos de albañilería encarados por el demandado lo fueron de día y no da relevancia en cuanto a la posibilidad de generar molestias a la permanencia en la calle de familiares de los accionados, menores de edad.

En la causa “COLOMBO…” se hizo lugar a la demanda, no obstante que la mayoría de los testigos afirmaban que, conforme lo percibido por ellos, no se daba una exorbitación horaria de los trabajos emprendidos por la accionada. Pero se dijo que no por el número de testigos cabía resolver, porque ninguno de los que depusieron favoreciendo la posición de la defensa alcanzaba a convencer que los dichos de la restante testigo, que afirmaba rotundamente que los ruidos se prolongaban más allá de los horarios razonables, no fuera veraz en el relato de sus propias percepciones. Se tuvo en cuenta que esa declarante era, justamente, la otra vecina lindera de la accionada. No se trata de adjudicar a las restantes vecinas que testimoniaron, mendacidad; simplemente el afirmar que no estaban en las condiciones de la testigo más relevante para percibir los ruidos que afectaban a la actora. Por ello se concluyó allí que la accionada no había asumido la necesidad de evitar aquellas situaciones que, al alterar la rutina de las relaciones vecinales, incorporan condiciones para el deterioro de las mismas.

En el restante precedente que cito “Muñoz Urrea…” tuve en cuenta que el demandado reconoció, en la contestación de la demanda, poseer en el patio de su exclusiva propiedad, ubicado dentro del lote que contiene la vivienda de cada uno de los litigantes, una pequeña sierra y una soldadora, elementos con los que realiza trabajos con metales, claro que aludiendo a utilizarlas como entretenimiento, un "hobby", sin objeto rentable. De la prueba se extrajo que el accionado empleaba un cable que desde el pilar de la luz, pasando por el pasillo que es compartido por las cuatro unidades del edificio entraba a su taller, probablemente para la máquina de soldar; lo habían visto hacer rejas, también portones y canastos, a la mañana, a la tarde o a la noche.

En fin: en ambos precedentes se consideró acreditado que el respectivo accionado había transgredido el estándar de convivencia. En el caso de autos, reitero, tal extremo probatorio no se ha cubierto. Por ello, adhiero al voto de mi colega.

Por lo expuesto:

SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs.470/478 en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del CPCC).

3.- Regular los honorarios profesionales de esta Instancia (art.15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

 

 

Dr.Enrique VIDELA SANCHEZ - Dr. Lorenzo W. GARCIA

Dra.Mónica MORALEJO - SECRETARIA

REGISTRADO AL Nº 04 Tº I Fº 18/23

Protocolo de INTERLOCUTORIAS -S A L A I- Año 2008

 

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Última actualización el Viernes 02 de Diciembre de 2011 15:52