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PROCESAL - Procesos de ejecución - JUICIO EJECUTIVO. EXAMEN PRELIMINAR DEL TÍTULO. Fotocopia certifi PDF Imprimir Correo electrónico
Jurisprudencia - Neuquén
Escrito por Redacción   
Viernes 20 de Mayo de 2011 12:32

 

PROCESAL

Fecha:  02/09/2008

Nro de Fallo:  244/08  

Tribunal:  Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial, Sala II

Protocolo:  244 - Tº III - Fº 572 / 575

Tipo Resolución:  Interlocutorias

 

"SCORNAVACCHE LUIS ANGEL C/ MOVIMIENTO MECANICO SRL S/ COBRO EJECUTIVO"

Nro. Expte:  360428 - Año 2007

Voces: Procesos de ejecución.

Sumario:

JUICIO EJECUTIVO. EXAMEN PRELIMINAR DEL TÍTULO. Fotocopia certificada de cheque. Certificación expedida por el depositario. DESPACHO DE LA EJECUCIÓN. Principio de autenticidad del título. Art. 63 Ley 24.452. Comunicación A 2329 BCRA. EMBARGO PREVENTIVO. Verosimilitud del derecho. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO. EXCEPCIONES PREVIAS. FALSEDAD E INHABILIDAD DE TÍTULO. Improcedencia. FALTA DE PERSONERÍA. ABOGADO APODERADO. Abogado matriculado en otro provincia. Rechazo. EJERCICIO PROFESIONAL. Decreto Nacional 2293/92. Art. 7 Ley Provincial 2.000. EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD DE TÍTULO. Apertura a prueba. " “... nuestro ordenamiento procesal ha establecido en el título destinado a reglar las ejecuciones un procedimiento breve y expeditivo que se ha considerado indispensable para asegurar un régimen de confianza y seguridad en el ambiente de los negocios jurídicos. No es que la ley atribuya a los instrumentos que enumera una presunción de autenticidad, puesto que no existe enunciado principio alguno en ese sentido; pero sí puede afirmarse que se ha organizado un sistema legal en el que se confiere al titular de un instrumento de los enumerados la facultad de obtener en seguridad del crédito invocado diversas medidas procesales, unas de carácter precautorio y otras de ejecución forzada de los bienes del deudor. Estas disposiciones se basan, aunque no en una presunción de autenticidad, sí en un principio de autenticidad.” (“Juicio Ejecutivo” Horacio Bustos Berrondo Librería Editora Platense pág. 35). Dicho principio de autenticidad es el que habilita el despacho de la ejecución, y en el caso la fotocopia certificada del cheque no pagado cumple con ese principio de autenticidad de conformidad a lo establecido por el artículo 524 inciso 5º del Código Procesal y el artículo 63 de la ley de cheque. " " [...] aún cuando la controversia gira en torno a la validez de la certificación emitida por “Multifinanzas Compañía Financiera S.A” existe acuerdo entre las partes respecto a que el documento base de la presente es justamente la fotocopia certificada en esos términos, siendo lo controvertido [...] la habilidad que pueda tener ese instrumento para que el “pretendido acreedor” haga efectivo su “pretendido crédito” sobre los bienes del demandado, aspecto sobre los cuales y tal como está planteada la pretensión, deberá decidirse al momento de dictar sentencia."

 

 

 

Contenido:

 

NEUQUEN, 02 de septiembre de 2008.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: “SCORNAVACCHE LUIS ANGEL C/ MOVIMIENTO

MECANICO SRL S/ COBRO EJECUTIVO”, (Expte. Nº 360428/7), venidos en apelación

del JUZGADO DE JUICIOS EJECUTIVOS NRO. 2 -SEC.2- a esta Sala II integrada por

los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO e Isolina OSTI DE ESQUIVEL, con la

presencia de la Secretaria actuante Dra. Norma AZPARREN y, de acuerdo al orden

de votación sorteado, la Dra. Isolina OSTI DE ESQUIVEL dijo:

I.- Vienen los presentes a estudio en virtud de la apelación interpuesta por la

demandada cuyos agravios lucen agregados a fs. 64/66.

II.- En primer lugar la sociedad accionada manifiesta bajo el título agravio

general, que la resolución ha omitido resolver acerca de cada una de las

cuestiones propuestas, varias de las cuales no necesitan de prueba para ser

abordadas.

Así es que la resolución en crisis incurre en la generalización de afirmar que

existen hechos controvertidos que requieren prueba pero no indica cuales

serían, a la vez que no deja constancia de cuales son los motivos que lo llevan

a esa conclusión.

Se agravia de que se haya afirmado que el título base de la acción goza de

presunción de autenticidad, pues según su parte sostiene las formas extrínsecas

de los pretendidos cartulares carecen de fuerza para habilitar la vía

ejecutiva.

Así, de rechazarse la inhabilidad que promueve deberá abrirse a prueba, pero

las cuestiones de inhabilidad de título o falta de legitimación no pueden ser

llevadas a sentencia en un juicio ejecutivo, donde ya se ha trabado un embargo

con gravísimo perjuicio para su parte.

También se agravia de que la resolución no se haya pronunciado respecto a que

la certificación efectuada por Secretaría no fue del original sino de una

fotocopia certificada.

A continuación se agravia de que no se haya pronunciado respecto a la falta de

legitimación, pues ninguna prueba más se necesitaba, pues si bien dicha

excepción no es de las enumeradas en el artículo 544 es posible considerarla

dentro de la inhabilidad de título.

Agrega que el Juez omite resolver la inhabilidad de título, cuestión básica

para habilitar o no la vía ejecutiva.

Señala que su planteó de inhabilidad se refirió a que no había mediado examen

cuidadoso del título pues en ninguna de las fotocopias acompañadas fue el banco

girado (Banco Santander Rio) el que dejó la constancia que exige el art. 63 de

la ley 24.452, a la vez que tampoco se encuentra cumplido el artículo 38 de

dicha ley, ya que al no estar la constancia referida también está ausente el

requisito de presentación en tiempo.

Para finalizar señala que tampoco se resolvió la falta de personería de quien

no acreditó ser abogado y tampoco su matriculación en la provincia.

A fs. 70/72 vta. obra réplica en la que el actor se presenta solicitando el

rechazo del recurso.

III.- En primer lugar y aún compartiendo en general el criterio expresado en la

resolución de grado, cabe señalar que asiste razón al apelante respecto a la

omisión en pronunciarse respecto a la personería de quien compareciera en

nombre del actor.

Sin embargo, el hecho de haber omitido pronunciarse no da razón a los

argumentos del apelante, pues en tal sentido esta Alzada se ha expedido por

aceptar la presentación de abogados matriculados en otras provincias, en

cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nacional 2293/92 y art.7 de la Ley

Provincial 2000.

Se dijo entonces (conf. P.I., 1993, T°II, T°271/72, Sala I) que esta última

norma dispone expresamente: “...deróganse todas las normas existentes que

impongan limitaciones al ejercicio de profesiones universitarias y no

universitarias, sea en materia de límites cuantitativos, exigencias de

domicilio real en la provincia o antigüedad en la radicación...”.- Ante tan

clara disposición legal, la exigencia de que el profesional se encuentre

matriculado en el Colegio de Abogados local ha quedado derogada expresamente y

la circunstancia de que en el art.21 de esa ley no se haya incluido la mención

a la ley 685 en modo alguno justifica que se mantenga un requisito o limitación

que fuera expresamente abolida en el art.7 de dicha ley.”

La Sala I sostuvo en los autos: “CORTEZ MARIA DE LAS MERCEDES C/DI TELLA DELFOR

ALFREDO S/DESPIDO” – Expte. N° 1081-CA-1999; PI. 2000 – T° I – F°39/40)

expresó: “Así también la Corte Suprema de Justicia de la Nación –interpretando

el art.7 de la C.N y el DL 14983, ratificado por L 14.467- ha declarado que no

sólo se debe dar entera fe y crédito en una provincia a los actos públicos de

las otras, sino que también se les debe atribuir los mismos efectos que

hubieran de producir en la provincia de donde emanan (Fallos C.S.J.N.

17-286,142-37, 183-76).- Por estos fundamentos que, entre otros, formula el

Poder Ejecutivo, en los considerandos del decreto citado (conf. ADLA, 1992-C,

pag.3599) es que todo profesional universitario que posea un título con validez

nacional, podrá ejercer su actividad en todo el territorio de la República

Argentina, con una única inscripción en el Colegio, asociación o registro que

corresponda al de su domicilio”.

En consecuencia el agravio en tal sentido no habrá de prosperar, pues de

conformidad a lo dicho y teniendo en cuenta que la comparecencia del letrado se

encuentra documentada con la copia del poder general obrante a fs.1/3, la

personería se encuentra correctamente acreditada.

Sentado lo que antecede debo señalar que no asiste razón al apelante en el

resto de sus planteos.

En tal sentido, adviértase que la resolución apelada se refiere al planteo de

levantamiento de embargo, el cual el demandado pretende atacar mediante el

argumento de la inhabilidad de título.

Al respecto cabe señalar que no procede el tratamiento de excepciones previas

en los juicios ejecutivos, sin embargo también es cierto que ello amerita

alguna salvedad al principio, prueba de lo cual es lo resuelto precedentemente

respecto a la falta de personería.

No obstante, entiendo que no procede hacer lo mismo con respecto a las de

falsedad e inhabilidad tal como fuera planteadas en orden a propiciar el

levantamiento de embargo.

Es claro que pretende atacar la demandada a través de su planteo es la

verosimilitud del derecho como requisito previo a decretar un embargo, aspecto

que en el marco del juicio ejecutivo viene dado por la propia apariencia de los

documentos con los que se da inicio a la ejecución.

Así “... nuestro ordenamiento procesal ha establecido en el título destinado a

reglar las ejecuciones un procedimiento breve y expeditivo que se ha

considerado indispensable para asegurar un régimen de confianza y seguridad en

el ambiente de los negocios jurídicos. No es que la ley atribuya a los

instrumentos que enumera una presunción de autenticidad, puesto que no existe

enunciado principio alguno en ese sentido; pero sí puede afirmarse que se ha

organizado un sistema legal en el que se confiere al titular de un instrumento

de los enumerados la facultad de obtener en seguridad del crédito invocado

diversas medidas procesales, unas de carácter precautorio y otras de ejecución

forzada de los bienes del deudor. Estas disposiciones se basan, aunque no en

una presunción de autenticidad, sí en un principio de autenticidad.” (“Juicio

Ejecutivo” Horacio Bustos Berrondo Librería Editora Platense pág. 35).

Dicho principio de autenticidad es el que habilita el despacho de la ejecución,

y en el caso la fotocopia certificada del cheque no pagado cumple con ese

principio de autenticidad de conformidad a lo establecido por el artículo 524

inciso 5º del Código Procesal y el artículo 63 de la ley de cheque.

Respecto al examen del título el autor citado asevera: “...a pesar de que el

estudio debe ser lo más completo posible, la solución dada por el juez a raíz

de ese examen, no prejuzga sobre la bondad del título; y puede en consecuencia

el juez en el momento de dictar sentencia resolver según corresponda,

cualquiera sea la actitud de las partes”.

En tal sentido, y en orden a dar mayor fortaleza al examen preliminar que se

efectúa al despachar la ejecución, puede señalarse que el argumento del quejoso

respecto a que quien certifica no es la entidad girada sino la depositaria,

dicha objeción es posible de ser salvada a través de la reglamentación prevista

al respecto por el Banco Central de la República Argentina.

Señala la Comunicación A 2329 como debe procederse en caso de rechazar el pago

por la circunstancia aquí mencionada.

Así, establece “Identificar al presentante del cheque o certificado nominativo

de registración rechazado, quien deberá firmar al dorso de la correspondiente

fotocopia, con indicación del documento de identidad exhibido. Cuando la

gestión de cobro del cheque o certificado nominativo de registración se haya

efectuado con intervención de una cámara compensadora, la entidad girada

cursará 2 fotocopias del valor cuyo pago se rechaza y la entidad depositaria

tomará a su cargo la tarea de identificación a que se refiere el párrafo

anterior, con posterior devolución de una de esas copias a la entidad girada.

En ambos casos, el presentante será el destinatario de la otra fotocopia,

certificada por la entidad girada, conforme lo establecido en el art. 63 –in

fine- de la Ley de Cheques”.

En ese orden de ideas, y aún cuando es cierto que el Juez no señalara cuales

son los hechos controvertidos, ello no invalida la resolución de apertura a

prueba, pues lo controvertido es la habilidad del título y su falsedad –fs. 42-

aspectos sobre los cuales el propio demandado ofreciera abundante prueba que

será preciso producir antes de emitir un juicio.

Sí es cierto que el auto de apertura a prueba deberá ser ampliado, ya que se

ordena la producción de prueba pero no se señala cual es la que deberá

producirse.

Para finalizar y respecto a la certificación efectuada respecto de la fotocopia

certificada, aún cuando es cierto que el sello señala certificar el original

que se tiene a la vista, es claro que la orden de certificar que emite el Juez

se refiere a la documentación acompañada para dar curso a la ejecución, en este

caso “fotocopia certificada del cheque original”.

En ese sentido, y aún cuando la controversia gira en torno a la validez de la

certificación emitida por “Multifinanzas Compañía Financiera S.A” existe

acuerdo entre las partes respecto a que el documento base de la presente es

justamente la fotocopia certificada en esos términos, siendo lo controvertido –

como ya se señalara- la habilidad que pueda tener ese instrumento para que el

“pretendido acreedor” haga efectivo su “pretendido crédito” sobre los bienes

del demandado, aspecto sobre los cuales y tal como está planteada la

pretensión, deberá decidirse al momento de dictar sentencia.

Por las razones expuestas propongo al Acuerdo la confirmación de la resolución

apelada imponiéndose las costas al apelante vencido (art. 69 C.P.C. y C.),

difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.

Tal mi voto.

El Dr. Federico Gigena Basombrío dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al

mismo.

Por ello, esta Sala II

RESUELVE:

I.- Confirmar la resolución dictada a fs. 57 y vta. con los alcances que

resultan de los considerandos respectivos que integran este pronunciamiento.

II.- Imponer las costas al apelante perdidoso (Art. 69 C.P.C.C.).

III.- Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad.

IV.- Regístrese y vuelvan los autos al Juzgado de origen.

 

 

Federico Gigena Basombrío - Dra. Isolina Osti de Esquivel

Dra. Norma Azparren - SECRETARIA

REGISTRADO AL Nº 244 - Tº III - Fº 572/575

Protocolo de INTERLOCUTORIAS -S A L A II- Año 2008

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Fuente: Jusneuquen.gov.ar

 

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Última actualización el Viernes 02 de Diciembre de 2011 15:55